La huella digital supone un problema en la era de internet y las redes sociales. En España, casi nueve de cada diez personas ha expresado su preocupación por la privacidad online en diversas encuestas. Entre las medidas legales que han tratado de poner orden en esta «selva» informática, destaca el derecho de supresión o al olvido, surgido en una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, gracias a la cual un abogado nuevas tecnologías Vigo puede defender a sus clientes contra la difamación y la calumnia.

La finalidad del derecho al olvido es preservar el honor o buen nombre —que es un bien jurídico protegido en el Derecho Penal español— de cualquier afectado por informaciones y medios publicados en internet, con o sin su consentimiento. Por ejemplo, un usuario que publica motu proprio imágenes sensibles en una plataforma, puede arrepentirse y exigir su retirada al amparo de este derecho.

Asimismo, podrá ejercerse este recurso legal cuando interese eliminar información errónea, desactualizada o carente de interés público en páginas y medios digitales.

Este reconocimiento, regulado por el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), sigue un proceso que debe respetarse en todo momento. Quienes legítimamente puedan acogerse a él deben contactar, en primer lugar, con el buscador, la plataforma o la página web donde esté publicado el texto o medio en cuestión. Si no se recibe una respuesta satisfactoria, el usuario procederá a reclamar su eliminación ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), que podrá aceptar o desestimar su petición.

Cabe puntualizar que las personas jurídicas (empresas y entidades privadas) no pueden servirse del derecho al olvido para hacer desaparecer su información de internet. Además, el alcance de este recurso tiene límites bien definidos. Si la información a suprimir posee interés para la salud pública o la investigación científica, es improbable que una reclamación ante la AEPD llegue a prosperar.